El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, cree que Vox e Isabel Díaz Ayuso están arrastrando al PP hacia posiciones ultras y xenófobas sobre la inmigración, con motivo del repunte migratorio en las islas Canarias, donde en lo que va de mes han llegado 9.000 personas en cayuco, y el traslado de muchos de ellos a la Península para aliviar la presión sobre las islas. “Se está intentando hacer una utilización política, oportunista y xenófoba de este asunto. Vemos que Vox empuja al PP o empuja la señora Ayuso a sus compañeros”. Estas declaraciones han llegado después de que el ultra Juan García-Gallardo, vicepresidente de Castilla y León, haya calificado de “invasión migratoria” el traslado a Medina del Campo (Valladolid) de 183 inmigrantes africanos desde Canarias, y después de que un concejal del PP en Torrox (Málaga) se refiriese a los inmigrantes como animales a los que habría que marcar. El Gobierno castellano y leonés se ha desmarcado de su número dos. El reparto de los inmigrantes a la Península ha sido rechazado tanto Vox como por el PP, partido este último que ha llegado a acusar el Gobierno de Pedro Sánchez de colaborar con el tráfico de personas.

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Denuncia contra el concejal

En la mañana del jueves, las asociaciones Málaga Acoge y Andalucía Acoge han presentado ante la Fiscalía Provincial de Málaga una denuncia contra el concejal de Torrox, Salvador Escudero, por sus palabras en Radio Torrox sobre las 240 personas migrantes trasladadas hasta la localidad por el Gobierno. “Nos encontramos ante declaraciones que deshumanizan a las personas que se encuentran dentro de este colectivo (los llega a comparar con animales a los que hay que marcar para tenerlos controlados), y que los relaciona y asimila directamente con la delincuencia en España, afectando a la dignidad y libre desarrollo de su personalidad”, afirma la denuncia. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que transcribe buena parte de la entrevista del concejal en el medio local, destacando que las expresiones que incluye “alientan y justifican los estereotipos” y “provoca comportamientos discriminatorios”. Por eso, estas entidades sociales creen que las palabras pronunciadas por el cargo público se enmarcan “en los discursos inductores de odio, desprecio y discriminación contra el citado colectivo social y las personas que en él se incluyen, lo que puede llegar a suponer un aumento del odio y del rechazo que se puede llegar a traducir en una peligrosidad para este colectivo que ya de por sí históricamente ha venido siendo agredido y repudiado”.