El acuerdo firmado entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez describe los “elementos esenciales del conflicto político” entre el Estado y Cataluña, pero ese relato pasa de puntillas por la derivada judicial y elude citar la sentencia del procés dictada por el Tribunal Supremo o referirse a los hechos que los jueces dieron por probados. El texto constata que los “acontecimientos” producidos entre la sentencia del Estatut de 2010 hasta el referéndum de independencia anulado por el Tribunal Constitucional en 2017 “generaron una tensión institucional y social, que se agravó con el inicio de múltiples procedimientos judiciales, buena parte de los cuales, todavía hoy, siguen tramitándose”. Esa y el acuerdo para “culminar la desjudicialización a través de la aprobación de una la ley de amnistía” son las únicas referencias al recorrido del procés en los tribunales.

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