La proposición de ley pactada por el PSOE y sus socios implica amnistiar los delitos y las responsabilidades administrativas y contables vinculadas a las consultas independentistas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017. La medida alcanza, además, a las acciones, cometidas entre 2012 y la actualidad, que consistan en “reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña”. Los posibles recursos que se presenten contra la ley no suspenden su aplicación, pero los tribunales, que tienen dos meses para aplicar la norma una vez que entre en vigor, sí pueden presentar cuestiones de inconstitucionalidad que retrasen los efectos de la medida de gracia. No obstante, Carles Puigdemont podrá volver a España sin miedo a ser detenido cuando entre en vigor la norma, aunque la causa abierta contra él en el Supremo puede tardar en archivarse.

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