Si en los pactos políticos cabe la posverdad, la cesión incluso en la descripción de los hechos para llegar a un acuerdo, la ley no permite esa ficción ponderada: exige un lenguaje común para pasar el filtro de los contrapesos liberales. Quizá por eso, a diferencia del pacto entre el PSOE y Junts de la pasada semana, en el preámbulo de la ley de amnistía pesa más la argumentación jurídica que la política. El relato que teje esa exposición de motivos da la espalda a aquellos que oponen dos legitimidades, la legal y la popular, como forma de justificar la crisis del procés. Separarlas es tan absurdo como decir que por un lado el pueblo decide, y por otro, se protegen sus derechos individuales.

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