Lo que se nos pidió el miércoles durante la investidura de Pedro Sánchez fue un acto de fe. Creer que la amnistía va a conseguir lo que promete la proposición de ley: “Garantizar la convivencia dentro del Estado de derecho, y generar un contexto social, político e institucional que fomente la estabilidad económica y el progreso cultural y social tanto de Cataluña como del conjunto de España, sirviendo al mismo tiempo para la superación de un conflicto político”. Resulta difícil estar en contra de una herramienta cuyo propósito es terminar, por fin, con un conflicto que ha dividido a Cataluña en dos, y que ha enfangado la vida política desde el mismo momento en que las fuerzas independentistas decidieron saltarse la ley. El problema es que nadie sabe a ciencia cierta si, tal como se han hecho las cosas, ese propósito va a conseguirse.

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