El Poder Judicial ha iniciado una batalla política contra los poderes ejecutivo y legislativo, como nunca lo hizo antes en la reciente etapa democrática. Togados de toda España, muchos de ellos altos cargos de sensibilidad conservadora favorecidos en su día por el PP, lanzan desde hace dos semanas invectivas contra el Gobierno a cuenta de la futura ley de amnistía que borrará los delitos a todos los encausados por el ilegal proceso independentista catalán.

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Cinco pronunciamientos judiciales sobre la amistía

Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, perteneciente a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Instruye dos de las causas principales contra independentistas afectadas por la Ley de Amnistía. Premiado por el Gobierno del PP como juez de enlace en París y Roma: “Yo únicamente como ciudadano puedo decir dos cosas: Uno: que la Constitución tampoco está prohibida la esclavitud y, sin embargo, no es posible. Y no está prohibida expresamente. Y dos: Bien, estos señores han dicho si en cuanto puedan van a volver a repetirlo, por lo tanto, ¿será esta amnistía la primera de muchas otras después?».
Jesús Barrientos, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pertenece a la Asociación Francisco de Vitoria. Elegido por los vocales conservadores del CGPJ. «Hoy es más necesario que nunca insistir en que nadie se puede colocar por encima de la ley, o pretender eludir las consecuencias de su vulneración. Las leyes «no pueden crear espacios de inmunidad»
Juan Pablo González. Presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, elegido por 11 votos a 10 en el CGPJ. Ex vocal del CGPJ elegido a propuesta del PP. Premiado por el PP como juez de enlace en Francia. “La ley de amnistía supone un proceso de regresión democrática, pretende anular y neutralizar la actuación del poder judicial de jueces y magistrados para conseguir la impunidad de delincuentes que han cometido delitos muy graves. La democracia en esta situación se encuentra en peligro. Se cambian votos por investidura. Unos compran impunidad y otros compran investidura”.
Asociación Profesional de la Magistratura (mayoritaria en la carrera judicial con 1.355 afiliados): “Se pretende ahora dar un paso más y situarnos en el principio del fin de nuestra democracia. Romper las reglas de la Constitución de 1978 y volar por los aires el Estado de Derecho”.
Consejo General del Poder Judicial (nueve vocales conservadores elegidos a propuesta del PP): “Este Consejo tampoco puede aceptar que se acometa una iniciativa que cercene de una forma tan ostentosa los derechos fundamentales de los ciudadanos y las potestades que la Constitución reserva al Poder Judicial. Y ello se afirma sin perjuicio del concreto contenido de la referida proposición, porque tan claros incumplimientos constitucionales se producen por el mero hecho de acometerse una ley -que deberá ser de naturaleza orgánica— que conceda una amnistía”.