ERC y Junts, dos de los socios de investidura del Gobierno de Pedro Sánchez, continúan firmes y adelante con su plan de pedir la convocatoria de determinados jueces del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional en las comisiones de investigación que se acaban de aprobar en el Congreso y que relacionan con casos de lawfare o persecución judicial contra líderes del proceso independentista en Cataluña. El Gobierno y el PSOE descartan esa posibilidad y reafirman su intención de rebajar la tensión con el poder judicial, con el que se han abierto varias vías de contactos para comunicarles que el Ejecutivo defiende su independencia. Los socios separatistas catalanes no renuncian a sus intenciones y reclamarán que ciertos jueces acudan a alguna de esas comisiones y avanzan que si el PSOE se opone y lo veta “tendrán que explicar con quién lo pactan y por qué”, pero no consideran de momento que esta divergencia pueda desencadenar una crisis de posible ruptura tras el acuerdo de investidura. PP y Vox catalogan esa posibilidad de investigar a magistrados en el Congreso como un ataque a la división de poderes. Al PNV tampoco le agrada nada y teme su repercusión ante la Unión Europea. El Reglamento del Congreso no contempla esa opción, citar a magistrados en ejercicio en comisiones de investigación, pero tampoco la prohíbe.

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