El acuerdo suscrito entre el Partido Socialista y Junts per Catalunya el pasado mes de noviembre incorpora un buen número de contenidos polémicos. Entre ellos, merece una especial atención el referido a la creación de comisiones parlamentarias de investigación para determinar la existencia de lawfare o judicialización de la política en relación con las investigaciones judiciales relacionadas con el procés. Según reza el texto del acuerdo, de corroborarse la instrumentalización con fines políticos de dichas causas jurisdiccionales, las conclusiones alcanzadas no solo “se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía”. Asimismo, se abre la puerta a que las consecuencias derivadas de las mismas “en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”. Esta iniciativa merece una valoración abiertamente negativa en términos constitucionales, tanto por cuestionar el principio de sometimiento del poder judicial a la Constitución y el resto del ordenamiento como por el profundo desconocimiento que demuestra sobre las funciones atribuidas a las comisiones parlamentarias de investigación.

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