Las propuestas del PP y Vox para cuestionar la pervivencia de partidos políticos que incurran en supuestos de “deslealtad constitucional”, en el primer caso, o para perseguir penalmente a quienes negocien “con personas condenadas” han sido acogidas con sorpresa y gran reserva por parte de la comunidad jurídica. El criterio más extendido, por no decir unánime, es que dichas propuestas alterarían no solo una consolidada práctica de tolerancia en las relaciones políticas, sino giros de 180 grados en la concepción de la organización democrática avalada por el Tribunal Constitucional, en la medida en que siempre ha defendido la legalidad y la participación política de las organizaciones cuyo ideario esté en absoluto desacuerdo con el propio texto de la Constitución.
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