Con el cambio de siglo, el paisaje demográfico en España empezó a adquirir una nueva tonalidad. Si hasta el año 2000 la población inmigrante no representaba ni el 5%, en 2022 llegó a ser del 15%. Esta transformación ha sido tan considerable porque no se ha circunscrito a un único ciclo económico, los tiempos de vino y rosas del boom de la construcción y la burbuja financiera. Durante el año anterior a la pandemia había llegado tanta inmigración a España como en el pico de la primera década del siglo: si en 2007 tuvimos casi un millón de nuevos habitantes procedentes del extranjero, en 2019 fueron 900.000. Esta dinámica, cuyo principal acelerador es hoy la reagrupación familiar y de origen latinoamericano, no cambiará. Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística prevén que se sumará a la población española un saldo neto de medio millón de personas por año. A pesar del crecimiento natural negativo, dada la estructural fecundidad subterránea, en una década seremos unos cinco millones más. Nuestro país, cuyo tardío acceso al bienestar en parte fue posible gracias a la emigración a países europeos más desarrollados, es lo que nunca había sido en su historia contemporánea: un país de acogida de inmigrantes internacionales.

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