El Gobierno negocia in extremis la convalidación de tres decretos cruciales a menos de 24 horas de que se celebre en el Congreso un pleno de alto voltaje. El Ejecutivo mantiene en estos momentos contactos a varias bandas con los partidos que se resisten a apoyar los tres textos, de los que dependen tanto la continuidad de las medidas anticrisis como la recepción de 10.000 millones de euros de fondos europeos. Con el PP prácticamente descartado, desde La Moncloa ponen el foco en Junts, que a esta hora insiste en sus condiciones y añade una nueva exigencia: este martes, la formación independentista ha sumado multar a las empresas que no vuelvan a Cataluña después de haberse marchado por el procés. La ministra portavoz, Pilar Alegría, se ha limitado a afirmar al respecto que hay que garantizar la “seguridad jurídica” de las compañías, a lo que el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha añadido: “Estamos hablando con Junts para ver cómo podemos manejarnos para facilitar la vuelta de las empresas”. Una de las vías a estudiar es la de promover incentivos fiscales en lugar de aplicar sanciones, según fuentes gubernamentales. El partido de Carles Puigdemont pide, por ahora, más. “Hay tiempo y hay negociación”, aseguran en La Moncloa.

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