El proceso agónico para convalidar los decretos leyes confirma que, frente a lo que se suele decir, lo que cuenta no es la ilusión sino los votos. Se sabía que el abigarrado conjunto de apoyos de la investidura de Pedro Sánchez no era progresista: incluye partidos de la derecha nacionalista y una formación de la derecha radical supremacista dirigida por un golpista prófugo, se basa en una transacción que viola la igualdad de los ciudadanos ante la ley y defiende medidas que redistribuyen desde las comunidades autónomas pobres hacia comunidades más ricas. Sabíamos que tampoco constituía una mayoría sólida, y quizá ni siquiera una mayoría. Parece que el cambalache ofrecía impunidad a cambio de la investidura y no de cierta estabilidad. Junts chantajeará con exigencias de discutible encaje en las normas europeas y en la lógica del Estado de derecho, y Podemos confiará en el mecanismo de “cuanto peor, mejor”.

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