La letra pequeña del acuerdo entre el PSOE y Junts para delegar competencias de inmigración a la Generalitat es tan pequeña que aún es un folio en blanco. Lo que sí parece claro, según fuentes gubernamentales, es que el pacto no supondrá grandes cambios en la distribución actual de competencias de la política migratoria, que es de titularidad estatal. Por ahora, no parece que estén encima de la mesa cuestiones como el control migratorio o las expulsiones de inmigrantes, que Junts reivindica para sí. En definitiva, quien hará el esfuerzo de estudiar qué competencias pueden delegarse no será Interior —que ejerce el control migratorio y de fronteras—, sino el Ministerio de Migraciones, que puede jugar con más margen con la cesión de algunos trámites de extranjería o de acogida. Esto frustra las pretensiones del partido de Carles Puigdemont que, al menos públicamente, ha reclamado el control migratorio y no la gestión integral del fenómeno, como la acogida o la integración. En cualquier caso, La Moncloa ha insistido en que se tratará de una delegación de competencias y no de traspaso, es decir, no se modifica la titularidad.

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