La Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, las fiscalías de ambos órganos judiciales y los juzgados de instrucción de Madrid números 9, 10, 11 y 13 llevan un año evitando o rechazando investigar las múltiples pruebas —grabaciones, documentos judicializados, testimonios— de la guerra sucia que el Ministerio del Interior puso en marcha desde 2012 hasta 2016 contra dirigentes independentistas catalanes.
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