La semana ha sido dura para el Gobierno. Pese a los buenos datos económicos —la EPA mostró un dato récord de casi 800.000 ocupados más en 2023 y el turismo también pasó por primera vez de los 84 millones— el foco político sigue en la ley de amnistía y los cambios de última hora sobre la inclusión del delito de terrorismo que pactó el PSOE con ERC y Junts la noche antes. Como siempre, el acuerdo fue in extremis, aunque esta vez con una novedad importante: nunca antes se habían sentado juntos en una cita negociadora representantes de los dos partidos independentistas, enemistados a muerte tras su ruptura en el Govern. La forma en la que se negoció esa última enmienda a la ley —en total secreto— y después se conoció —los independentistas llevaron la iniciativa comunicativa— ha generado debate interno en el Gobierno y ha provocado algunas decisiones. “Es evidente que debemos mejorar los procesos de negociación. Estamos en ello”, admiten en el Ejecutivo.

Seguir leyendo