La batalla se ha recrudecido en el seno de la Fiscalía tras la junta de fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo celebrada el martes. Ese órgano concluyó, por amplia mayoría, que existen indicios de terrorismo en el caso Tsunami Democràtic y que se debe apoyar la imputación del expresidente catalán Carles Puigdemont, huido de la justicia desde 2017 y uno de los potenciales beneficiarios de la ley de amnistía pactada entre el Gobierno y los partidos independentistas. Este miércoles, en una entrevista radiofónica, uno de los fiscales que participó en dicha junta, Salvador Viada, ha acusado a la cúpula fiscal de ejecutar un “155 encubierto” para mantener la línea que conviene al Ejecutivo de Pedro Sánchez, porque la posición que se enviará al Tribunal Supremo no será la que salió el martes de la junta fiscal sino la que elabore la teniente fiscal del Supremo. Por su parte, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, nombrado por el Gobierno, ha pedido que se deje trabajar en “paz” a la teniente fiscal y ha calificado de “traición” que se filtrase antes de la junta uno de los borradores de la ponencia que confeccionó el fiscal conservador Álvaro Redondo, encargado de exponer el caso en dicha cita.

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