La batalla que se está librando en España en torno a la polémica ley de amnistía por las secuelas del procés tiene dos frentes internos muy diferenciados, el político y el judicial, aunque en ocasiones ambas esferas se solapen e interactúen, bien a golpe de enmienda, bien a golpe de auto. En este tiempo, el PP ha dedicado enormes esfuerzos para implicar también a la Unión Europea, en una especie de internacionalización del conflicto de una disputa doméstica. Inicialmente puso en circulación la idea de que España era equiparable a la Hungría de Viktor Orbán o la Polonia previa a la llegada de Donald Tusk, una estrategia singular y estéril cuyo objetivo era transmitir al exterior la imagen de una democracia de segunda división (ya saben, la que deriva en la risible tesis de que vamos de cabeza a un régimen bolivariano o autocrático).

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