Una pregunta que surge del nuevo escándalo en la compra de mascarillas por las administraciones públicos y el pago de mordidas reside en su parecido con otras investigaciones a comisionistas que vendieron cubrebocas a administraciones públicas entre marzo y mayo de 2020 —unos 2.000 millones de euros gastaron los distintos gobiernos en los tres primeros meses de la pandemia—.
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