La corrupción que salpica al ministerio de Transportes durante el mandato de José Luis Ábalos —su principal colaborador, Koldo García, cobró supuestamente comisiones ilegales por facilitar el negocio a una empresa determinada— ha resucitado la sospecha sobre el colosal pillaje que se produjo en la venta de mascarillas al sector público aprovechando la situación de emergencia de los tres primeros meses de pandemia. Varios cientos de empresarios dieron grandes pelotazos —beneficios millonarios, fáciles y rápidos— a costa de vender mascarillas a las administraciones por precios desorbitados. El sector público adjudicó en ese periodo hasta 2.000 millones de euros en material sanitario sin apenas controles, suspendidos por el decreto de alarma: se permitió contratar de emergencia productos sanitarios sin concurrencia de ofertas, ni límite de precios, ni acreditación de solvencia o de experiencia en el sector. El Congreso y el Senado se disponen ahora a investigar esos hechos tras estallar el escándalo del denominado caso Koldo.

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