El Tribunal Supremo tenía sobre la mesa dos documentos para analizar antes de decidir si abría una causa a Carles Puigdemont por el caso Tsunami Democràtic y por qué delitos. Esos dos informes defendían opciones opuestas: la exposición razonada del juez del Audiencia Nacional Manuel García-Castellón pedía al tribunal que investigara al expresidente catalán por terrorismo a situarlo en “el vértice más alto” de la organización, a la que el juez atribuye actos terroristas. Del otro lado, el escrito remitido por la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que proponía que se archivara la investigación contra el líder de Junts por falta de indicios. La Sala Penal ha optado por sumarse a la tesis de García-Castellón en un auto en el que critica con dureza a la teniente fiscal, a la que reprochan una “subjetiva interpretación” de los hechos para descartar incriminar a Puigdemont.
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