El Gobierno tiene por fin una certeza a la que aferrarse en una legislatura incierta y plagada de vericuetos, donde el estallido y la gravedad del caso Koldo ha relegado como un revés secundario el batacazo del PSOE y Sumar en las elecciones gallegas. La amnistía, la clave de bóveda de la que depende la longevidad del Ejecutivo, entra en la semana decisiva. El jueves expira el plazo para que la comisión de Justicia del Congreso se reúna y apruebe la proposición de ley de amnistía, que se debatiría una semana después en el pleno del hemiciclo. Y, aunque resulte paradójico y dispongan de 72 horas de plazo límite, por primera vez desde que Pedro Sánchez fue investido presidente el 16 de noviembre ―la sensación entre los ministros y altos cargos del Gobierno y del PSOE es como si hubieran transcurrido varios años en vez de 12 semanas―, en La Moncloa y en Ferraz confían en salvar con éxito y sin contratiempos de última hora las negociaciones con Junts y proseguir con la tramitación de la medida de gracia. Y no solo eso: las últimas semanas han servido para avanzar en las conversaciones a múltiples bandas para garantizarse el respaldo a los Presupuestos Generales, cuya aprobación exige del respaldo de los socios nacionalistas e independentistas del Gobierno. Sin excepción. Las fuentes consultadas son claras: los Presupuestos no se presentarán “hasta que estén atados” y “dependen de la aprobación de la amnistía”.

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