Los cuatro episodios del ‘caso Koldo’ que salpican a Ábalos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó el 5 de febrero un informe al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del caso Koldo de corrupción. No era, ni mucho menos, el primero. Los agentes llevaban ya entonces casi dos años investigando a los implicados en una trama que supuestamente se había enriquecido de manera irregular al adjudicarse contratos públicos por valor de 54 millones de euros para la adquisición de mascarillas y material sanitario en 2020, en el peor momento de la pandemia. Los responsables de las pesquisas policiales querían que el magistrado prorrogara la autorización para mantener las intervenciones telefónicas a siete de los investigados, así como los dispositivos de geolocalización instalados desde hacía meses en la docena de vehículos que estos utilizaban.

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Un control de carreteras y tres documentos

El 4 de diciembre del año pasado, la Guardia Civil enviaba a la Audiencia Nacional un informe de 28 páginas en el que se recogía lo que los investigadores denominaron “cronología de hechos de especial relevancia”. El documento policial recogía diversas reuniones del exasesor Koldo García con diversas personas, pero también el resultado del operativo policial desplegado por el instituto armado para interceptar de modo discreto una documentación supuestamente relacionada con las adjudicaciones bajo sospecha que este guardaba en su domicilio de Polop (Alicante) y que iba a enviar al exministro José Luis Ábalos a su domicilio en Valencia. La sospecha de que esos papeles pudieran ser importantes para la investigación llevó a la UCO a montar el 4 de noviembre anterior, con la ayuda de otra unidad de la Guardia Civil, un control de carreteras con apariencia de rutinario para interceptar la furgoneta en la que Joseba García, hermano del exasesor, los llevaba sin levantar sospechas. El informe detalla que, tras interceptar el vehículo, los agentes encontraron en el asiento del copiloto “un sobre de color blanco tamaño folio en cuyo interior se hallan 3 documentos”. Según recoge la UCO, dos de ellos, entre ellos el informe de fiscalización que el Tribunal de Cuentas hizo en 2022 sobre los contratos de la covid-19, eran de acceso público al alcance de cualquier persona. El tercero era una respuesta del Ministerio del Transporte a una petición de información que el abogado, Ramiro Grau ―que publicó varios artículos acusando al exministro de corrupción por los contratos de mascarillas― había hecho a través del Consejo de Transparencia. Pese a ello, la Guardia Civil apuntaba como “reseñable” que el envío se refiriera a documentos relacionados con Soluciones de Gestión, epicentro de la trama, cuando Ábalos, en su etapa de ministro había adjudicado “10.757 contratos públicos”. Ábalos ha explicado en los últimos días que necesitaba esos documentos para la demanda que había presentado contra este abogado en los juzgados de Plaza de Castilla por aquellos textos.

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