El nerviosismo de los integrantes de la presunta trama del caso Koldo era evidente el pasado octubre, según los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, les llegó la reclamación del Gobierno balear, ya en manos del PP, que exigía que devolvieran 2,6 millones de euros por haber suministrado durante la pandemia unas mascarillas de un nivel inferior al que habían acordado. “Es para meterle una por prevaricación”, llega a decir el empresario Juan Carlos Cueto, uno de los implicados, según consta en los informes sobre los pinchazos telefónicos a la red corrupta. Este expediente abierto en Baleares, que no se inició hasta tres años después de la adjudicación, es una de las grandes claves del sumario (que investiga, entre otros, un delito de tráfico de influencias) y ha provocado, incluso, que Francina Armengol, entonces jefa del Ejecutivo autonómico y actual presidenta del Congreso, haya ofrecido este martes una rueda de prensa para defenderse.

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