Correos electrónicos entre funcionarios del Instituto de Salud balear sobre la adquisición de 1,4 millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y testimonios recabados por EL PAÍS en el entorno de los directivos de ese organismo defienden la legalidad del contrato de 3,7 millones recomendado al Ejecutivo balear por el ministerio de Transportes a través de Koldo García, asesor principal del ministro José Luis Ábalos. “Nadie del equipo de gestión recibió presiones para comprar las mascarillas o para la reclamación”, señalan fuentes próximas a los funcionarios que gestionaron ese contrato. El PP exige desde hace días la dimisión de la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, como responsable de todas las irregularidades detectadas en el contrato de las mascarillas.
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