El primer asalto de la batalla por la ley de amnistía en las instancias internacionales llega a su fin. La Comisión de Venecia, un organismo consultivo del Consejo de Europa —que no forma parte de las instituciones de la UE— formado por expertos en Derecho constitucional, ha aprobado esta mañana por consenso general su dictamen sobre la norma. Las conclusiones a las que ha llegado esta vez no difieren demasiado de las que ya adelantaba el borrador conocido hace dos semanas: comparte los argumentos en los que se basa la ley y las bondades generales de las amnistías —la búsqueda de la reconciliación—, pero a la ley española en concreto le pone varias pegas: pide acotar de forma más estrecha su ámbito temporal y material de aplicación, critica que haya sido tramitada por procedimiento de urgencia e invita a que sea aprobada por “mayorías cualificadas”, es decir, con un mayor consenso. La comisión avisa de que la proposición de ley —que fue aprobada el jueves en el Congreso y ahora ha pasado al Senado— “ha profundizado una honda y virulenta división en la clase política, las instituciones, la judicatura, el mundo académico y la sociedad españolas”.

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