El economista Cristóbal Milán (Palma, 57 años) ha acudido este miércoles, como cada mañana, a su despacho como director en la sede de la oficina anticorrupción de Baleares ubicada en Palma. Tiene ganas de cerrar la agenda y poner punto final a la tensión de los últimos días, que culminó este martes con la aprobación por parte del Parlamento autonómico de la ley de Transparencia y Control de los Cargos Públicos de Baleares. Una normativa impulsada por PP y Vox que contempla la liquidación del organismo de control independiente que dirige desde mayo de 2022 y en el que, hasta hace unos meses, trabajaban otros 13 funcionarios que han tramitado más de medio millar de denuncias en sus ocho años de vida. El cierre de la oficina se llevaba fraguando meses, con declaraciones de diputados de PP y Vox en los plenos del Parlamento que ya avanzaban las intenciones de la presidenta del Gobierno regional, la popular Marga Prohens.

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