El Gobierno llevará a las principales instancias europeas e internacionales la ofensiva de los gobiernos autonómicos del PP y Vox en Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana contra las leyes de memoria regionales, que han decidido sustituir en esos territorios por otras normas llamadas de “concordia”. Tras anunciar que recurrirá al Tribunal Constitucional las iniciativas de estos tres gobiernos autonómicos si no rectifican, el Ejecutivo ha comunicado este jueves que pondrá en marcha una batería de iniciativas dirigidas a la ONU, al Consejo de Europa y al Parlamento Europeo. Entre ellas incluye peticiones de debates, informes y evaluaciones de las políticas de memoria del PP y Vox, con las que buscan evidenciar “la gravedad” de sus actuaciones, “contrarias a los valores que recoge la ley de Memoria Democrática”, según fuentes del Gobierno. La Ley de Memoria Democrática, de carácter y ámbito nacional, sigue vigente en toda España a pesar de esas iniciativas autonómicas, pero la supresión de las normativas regionales puede ralentizar o entorpecer la aplicación de algunas medidas previstas en esa ley.

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