Desde que las elecciones generales situaron de nuevo a su partido como un actor necesario de la gobernabilidad española, Carles Puigdemont ha activado un cambio estratégico que contradice la posición que había mantenido hasta el pasado julio: asume sin decirlo que el marco de su acción es el perimetrado por el ordenamiento constitucional y su horizonte ha dejado de ser la unilateralidad para retroceder a la demanda de un quimérico referéndum pactado de independencia. Esta es la parte políticamente más útil de la amnistía: la normalización de Junts para que, a efectos institucionales, pueda volver a ser una pieza del Estado autonómico como lo fue la antigua Convergència.

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