Hubo un tiempo en el que el Gobierno español amenazaba a las eléctricas que querían cerrar las centrales de carbón. Incluso se preparó un real decreto para expropiar esas centrales y subastarlas para que siguieran quemando este combustible, mayoritariamente importado. No fue hace décadas, sino en 2017, en el tramo final del Gobierno de Mariano Rajoy (PP), cuando ese combustible —el más sucio de todos— aún generaba alrededor del 20% de la electricidad y era responsable del 15% de todos los gases de efecto invernadero. Con una mano se amenazaba a quienes querían desengancharse del carbón y con la otra se bloqueaba la entrada a las renovables. Era un tiempo en el que la planificación energética iba por un lado y las políticas de medio ambiente por otro. No solo eso: estaban, además, alojadas en un ministerio casi íntegramente dominado por la agricultura y la pesca.

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