El permanente halo de polémica que rodea al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suele concentrarse en dos elementos: el sistema de elección de los vocales de extracción jurisdiccional y la prologada situación de interinidad en la que se encuentra desde hace más de cinco años, a causa de la negativa recurrente del Partido Popular de proceder a su renovación. No obstante, la problemática que acompaña al CGPJ no se limita a lo señalado, sino que va más allá, y comprende la competencia en materia de nombramientos de altos cargos judiciales: presidentes de la Audiencia Nacional, presidentes de Sala y magistrados del Tribunal Supremo, entre otros. Las críticas que provoca el modo de designación previsto no son nuevas, pero han saltado al primer plano de la actualidad como consecuencia de la privación de su ejercicio que ha experimentado el CGPJ en funciones, a partir de la aprobación de la Ley Orgánica 4/2021. Los efectos generados por esta disposición resultan muy perniciosos, puesto que las vacantes que desde entonces se han producido en los órganos afectados (especialmente, en el caso del Tribunal Supremo) no han podido ser cubiertas. Con ello, el ejercicio de la función jurisdiccional que corresponde a aquellos se está resintiendo cada vez con más intensidad.

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