La política anda enredada en reyertas dialécticas diarias a cuenta de una ruidosa causa penal contra Begoña Gómez, mujer del presidente, Pedro Sánchez. El caso nació con escaso fundamento a juzgar por los hechos conocidos. Su origen es una querella de una organización ultraderechista, Manos Limpias, basada en muchos recortes de prensa y algunas noticias falsas. La denuncia que ha permitido al juez José Luis Peinado ordenar una investigación no aporta pruebas del delito de tráfico de influencias atribuido a Begoña Gómez. Pese a ello, el instructor impulsa la causa contra Gómez porque los hechos relatados, “independientemente de que la fuente de documentación sean medios de comunicación, merecen ser investigados y son hechos concretos de actuaciones en las que ha podido tener participación directa la denunciada”. Los hechos concretos son las relaciones de Gómez con responsables de dos empresas (Air Europa e Innova Next) que recibieron contratos y ayudas públicas del Gobierno central. En el relato del denunciante no hay datos de la influencia que pudo ejercer Gómez sobre las entidades o los funcionarios que adjudicaron esas ayudas públicas. Para encontrar lo que no aportaba la querella, el juez pidió un informe a la UCO, la unidad de la Guardia Civil especializada en la lucha contra la corrupción. A la vez, otorgó a Gómez la condición de “investigada” para “evitar su indefensión”, pudiendo así nombrar abogado para defenderse.

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