Los magistrados del Supremo que hace dos años condenaron a 10 ex altos cargos de la Junta andaluza por malversación en el caso ERE estimaron que los exdirigentes decidieron disponer de los fondos públicos “sin control” y de forma “discrecional y arbitraria, al margen de todo condicionante legal”, según el fallo de julio de 2022. Los jueces consideraron que el sistema de pagos ilegal fue creado por la cúpula de la Junta, incluidos los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves ―este último condenado a prevaricación, no a malversación― para “evitar todo control administrativo”.
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