El día después del acuerdo entre el Gobierno y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Sumar trata de surfear el desconcierto interno sobre este asunto y rentabilizar unas negociaciones en las que ha tenido un papel secundario, el que le corresponde como socio minoritario del Ejecutivo. La coalición izquierdista, que reclama ir más lejos en la democratización de la justicia, propuso a dos de los diez vocales del CGPJ de la cuota del Ejecutivo —Carlos Hugo Preciado e Inés Herreros— y reivindica esa aportación. Pero, a la vez, ante las críticas de varios partidos del bloque de investidura —Podemos y ERC arremetieron contra la “gran coalición” de PSOE y PP—, Sumar reclama a los socialistas que “no se lleven a engaño” con el PP como nuevo socio. El acuerdo deja al grupo coordinado por Yolanda Díaz en una posición complicada, con cierto malestar interno por la falta de información durante todo el proceso.

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