La Junta Electoral de Granada da por válida la candidatura de Macarena Olona a las elecciones andaluzas

La Junta Electoral de Granada ha dado por válida la candidatura de Macarena Olona, cabeza de lista de Vox en los comicios autonómicos andaluces del próximo 19 de junio. En una resolución dictada este lunes, el órgano electoral asegura que “concurren las condiciones legales para ser elegida”. La coalición Andaluces Levantaos presentó el 18 de mayo un recurso por las “irregularidades” en el empadronamiento de la diputada del partido de Santiago Abascal, que se había empadronado en la localidad granadina de Salobreña, en el domicilio del presidente provincial de Vox, Manuel Martín, aunque no vivía allí. Pero la Junta Electoral de Granada concluye que, aunque ese registro esté ahora en cuestión, en el momento en el que Olona pasó a formar parte de la candidatura sí estaba formalmente empadronada. Andaluces Levantaos ya ha anunciado que recurrirá esta resolución.

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El precedente de Toni Cantó

El caso del supuesto empadronamiento fraudulento de Macarena Olona tiene un precedente –similar, pero no idéntico- que llegó hasta el Tribunal Constitucional. En marzo de 2021, el actor y diputado de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana Toni Cantó se empadronó a toda prisa en Madrid para poder ser incluido en las listas del PP a las elecciones madrileñas del 4 de mayo. La Junta Electoral Provincial confirmó su candidatura al no reparar en que el empadronamiento se había producido después del 1 de enero, fecha en la que había quedado cerrado el censo electoral. El PSOE impugnó esas listas y un juzgado de Madrid le dio la razón, expulsando a Cantó (y a otro candidato, el exalcalde de Toledo Agustín Conde, en la misma situación) de las listas del PP.  

Pero los populares recurrieron en amparo al Tribunal Constitucional, y ese recurso dio lugar a un intenso debate sobre la colisión entre los requisitos administrativos y el ejercicio del derecho fundamental al voto, que acabó con el tribunal partido en dos. Finalmente fue el voto de calidad del entonces presidente, Juan José González Rivas, el que inclinó la balanza: el Constitucional confirmó que Cantó y Conde no podían concurrir a las elecciones por haberse empadronado fuera de plazo.  

La sentencia recordaba que la Ley Electoral fue reformada expresamente en 2011 para evitar “empadronamientos de conveniencia” fijando unos plazos estrictos de cierre del censo electoral.

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