El magistrado Pablo Llarena resolvió la semana pasada no aplicar la Ley de Amnistía al expresidente Carles Puigdemont al entender que había cometido una malversación no amnistiable al tratarse de un enriquecimiento personal patrimonial, pues el dinero público empleado en el referéndum ilegal debía haberlo costeado de su bolsillo. Como Puigdemont se ahorró ese gasto, según Llarena, tuvo un beneficio patrimonial personal, que es la condición que cita la Ley de Amnistía para prohibir la medida de gracia.

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