El Gobierno ha subido la apuesta en su ofensiva contra el magistrado Juan Carlos Peinado, que acudió este martes a La Moncloa a tratar de interrogar como testigo al presidente Pedro Sánchez, en el marco de la causa abierta contra su esposa, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Tras haber criticado la actuación del juez instructor, el Ejecutivo decidió dar un paso más y presentar una querella por prevaricación contra él. A lo largo de un escrito de 35 páginas, la Abogacía del Estado justifica y expone las bases de esta iniciativa. Estas son varias de ellas:

Seguir leyendo