Ayuso esgrime un bulo sobre un homenaje policial para desafiar de nuevo al Gobierno

La Comunidad de Madrid ha oficializado este jueves el ofrecimiento de organizar “el homenaje conjunto a policías y guardias civiles que participaron en el fin de la banda terrorista ETA”. Esa invitación la había anunciado el día anterior la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en respuesta a la polémica surgida después de que el diario El Mundo asegurase que el Ministerio del Interior había vetado la celebración de un acto de estas características el pasado abril. El anuncio se conoce el mismo día en el que el promotor de la iniciativa, el Sindicato Profesional de Policía (SPP, mayoritario en la escala de mando de la Policía Nacional) ha desmentido, a través de Twitter, que la suspensión de dicho acto haya sido provocada por el departamento de Fernando Grande-Marlaska. Pese a ello, fuentes de la Consejería de Justicia e Interior de Madrid han señalado que mantienen su propuesta, “mientras Interior no desmienta las informaciones”, y que, de hecho, ya han contactado con los sindicatos y asociaciones policiales para reunirse la semana que viene y hablar de la organización.

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La lista de invitados

El Sindicato Profesional de Policía (SPP) aspiraba a que el acto de homenaje a las fuerzas de seguridad que lucharon contra ETA contara, además de con el Rey, con la participación de numerosas personalidades de la política y otros ámbitos de la sociedad. Según la relación que envió al resto de organizaciones policiales para pedir su apoyo, el sindicato quería invitar «a altas instituciones públicas, así como a representantes de la sociedad civil». La relación incluía al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus antecesores, así como al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a quienes le precedieron en el cargo. También se iba a invitar a la titular de Defensa, Margarita Robles; a los actuales máximos responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil, Francisco Pardo y María Gámez, y a los responsables actuales y anteriores de la lucha antiterrorista en ambos cuerpos policiales.

Además, se quería contar con representantes de la CEOE y la patronal vasca, Confebask; de la Universidad del País Vasco, de la Conferencia Episcopal y de las diferentes asociaciones de víctimas del terrorismo. Y se iba a invitar a los miembros del Consejo de Estado, a altos cargos de Interior y a representantes de los partidos políticos, así como a los llamados padres de la Constitución que aún viven. El embajador de Francia, Jean Michel Casa; miembros de la judicatura y la fiscalía, representantes de la Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra, la Policía Foral de Navarra y las policiales locales también figuraban en la lista. Esta se completaba con representantes de varias fundaciones de la Policía y la Guardia Civil, así como asociaciones de jubilados de ambos cuerpos y de asociaciones de prensa.

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