Todo son críticas para los jueces. En un sistema constitucional bien ordenado, parecería que están sobrepasando su papel ordinario, como garantes de los derechos de los ciudadanos y de la regularidad de la actuación de las instituciones, respetando su ámbito propio y observando los procedimientos establecidos. Se llega a hablar de judiciocracia, remedando aquella expresión de Lambert que hablaba del Gobierno de los jueces para denunciar, refiriéndose a Estados Unidos, su protagonismo excesivo. A veces son los mismos jueces los que, un tanto artificiosamente, parecen reclamar que se ponga el foco sobre ellos. Por ejemplo, en la sentencia sobre los ERE el Tribunal Constitucional emplea una especial dureza para referirse a la posición de los tribunales de instancia, sin deferencia alguna para ellos, en términos descalificadores, posición que la mayoría reitera para los votos discrepantes de su fallo. El Tribunal Supremo, en su resolución sobre la amnistía, acoge una acepción del enriquecimiento para excluir de la misma a los condenados en su día por su participación en el procés francamente rebuscada y contraria a los propios cánones de entendimiento gramatical común. A muchos también nos ha sorprendido el lenguaje desenvuelto del Tribunal Supremo al plantear la cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley de amnistía, en la que adopta una calificación global del procés como golpe de Estado y se extiende en consideraciones políticas que la sentencia del Supremo en su día prudentemente eludió.

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