Más de uno respiró aliviado en Cataluña el pasado jueves cuando, en pleno debate de investidura, Salvador Illa deslizó que no pretende hacer borrón y cuenta nueva. “No he venido a desmontar nada”, dijo, para a continuación matizar que “aprovechará” todo lo que pueda de los gobiernos que le han precedido. Consciente de que una década y media de inestabilidad ha acabado con la paciencia de los catalanes y que ahora toca aportar certezas y no más elecciones anticipadas, Illa no pretende enmendarlo todo. Tampoco tendría lógica. Al fin y al cabo, el PSC ha aprobado presupuestos de Pere Aragonès, ha llegado a acuerdos sobre política lingüística y social, y no tiene una línea económica muy diferente a la de sus predecesores, incluidos sus rivales de Junts. Pero una cosa es no ponerlo todo patas arriba y otra muy diferente dejar que las cosas sigan igual. Hacerlo sería peligroso para la propia supervivencia del nuevo Govern en una Generalitat que fue creada y diseñada a imagen y semejanza de Convergència i Unió, y que ha actuado durante una década larga en perfecta simbiosis con el movimiento independentista.

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