El rechazo de la Generalitat a aplicar al menos un 25% de las horas lectivas en castellano (una materia troncal adicional) en las escuelas catalanas ha reabierto una batalla política y judicial. Y añade más incertidumbre a una legislatura convulsa e imprevisible. Por un lado, porque enrarece las complicadas relaciones de los socialistas con ERC, un socio fundamental para La Moncloa. Mientras, la derecha competía entre sí con anuncios que iban desde recurrir al Tribunal Constitucional a exigir la suspensión de la autonomía de Cataluña como en 2017.

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