La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, ha emitido este viernes un decreto en el que avisa al Gobierno canario de que puede cometer un delito de abandono de menores si pone impedimentos al acogimiento de niños y adolescentes migrantes llegados a las islas, según fuentes del ministerio público. La iniciativa de Farnés se produce un día después de que el Boletín Oficial de Canarias publicase el nuevo protocolo de admisión de menores migrantes no acompañados aprobado por el Ejecutivo de Coalición Canaria y PP: un protocolo que condiciona la acogida de menores a la realización de una serie de trámites previos que van desde la reseña policial a entrevistas individuales a los chicos. Esos trámites que dilatarían el tiempo que un niño recién desembarcado pasaría en una instalación policial en lugar de en un centro especializado.

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