La Fiscalía Superior de Canarias tiene claro que el nuevo protocolo del Gobierno canario con el que se condiciona la acogida de menores migrantes a una serie de trámites que obligarían a mantener a los niños bajo custodia policial horas e incluso días no debe aplicarse. EL PAÍS ha tenido acceso al decreto fiscal emitido este viernes, una enmienda a la totalidad a la iniciativa del presidente Fernando Clavijo y que, pese a lo que han interpretado algunos medios locales, está lejos de avalarla. El texto considera, entre otras cosas, que las nuevas reglas discriminan a los menores que llegan en cayuco a las islas. “El protocolo olvida el principio de no discriminación. Trata de forma diferente a los menores extranjeros no acompañados respecto de cualquier otro menor […] Se desprende claramente que existe una discriminación por razón de origen”, se lee en el expediente.

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