Las mordidas de Zaplana: un piso en Madrid, dos áticos en la playa, un barco, un crucero privado y mucho dinero en metálico

El procesamiento del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha sacado a la luz el destino que el dirigente del PP daba a parte de las presuntas mordidas obtenidas en la adjudicación del plan eólico valenciano y de las estaciones de ITV del territorio. La jueza, en el auto que acerca a Zaplana al banquillo de los acusados, detalla algunas compras que la investigación ha podido identificar como realizadas con el dinero ilícito procedente de las comisiones. Un piso en la calle Nuñez de Balboa del barrio de Salamanca de Madrid, dos áticos en la localidad alicantina de Altea, un barco, un crucero privado, viajes de recreo por Croacia, Italia y la Costa Azul, billetes de avión a Marruecos y Suiza, y a las ciudades de Praga y Génova (Italia) y otros 22 vuelos a Milán, Madeira y Londres, además de dinero en metálico, mucho dinero en metálico que llegaba a Zaplana por distintas vías y siempre con las suficientes medidas como para que su nombre no apareciera en ningún lado. Sin embargo, de la documentación incautada, los apuntes de una detallada agenda del propio exministro y la declaración de muchos testigos, incluso de algún implicado, la jueza ha concluido que el montante de las comisiones ilícitas que recibió la trama del caso Erial ascendió a 15 millones de euros. Las adjudicaciones al grupo familiar de Juan, Vicente y José Cotino les reportaron unos beneficios de más de 86 millones de euros, “por lo que pudieron permitirse el pago de altas comisiones”, señala la jueza.

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El grupo empresarial Cotino y los amigos convertidos en cómplices

Las mordidas cobradas por el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, tienen su origen, presuntamente, en la adjudicación de dos grandes concesiones de la administración autonómica: la de los parques eólicos y la de las estaciones de ITV. Por ello, en el llamado caso Erial, no solo está imputado el dirigente del PP sino también empresarios que formaron parte de la trama corrupta, así como estrechos colaboradores del exministro.

Estos son los implicados:

Vicente y José Cotino. Ambos, sobrinos del exdirector general de la Policía, Juan Cotino, investigado hasta su fallecimiento. Fueron adjudicatarios de parques eólicos y de las ITV, negocios que les reportaron, según la jueza, 86 millones de euros.

Juan Francisco García. Exjefe de gabinete y amigo de Eduardo Zaplana, que “colaboró de forma directa con estos hechos”, relata la jueza, en referencia a la adjudicación de tres zonas de parques eólicos.

Joaquín Miguel Barceló. “Zaplana utilizó a sus amigos y conocidos a los que hizo partícipes de los beneficios obtenidos en cantidades mínimas con el fin de conseguir su colaboración y en comparación con las por él obtenidas, siendo claro ejemplo de ello Joaquín Miguel Barceló al que hizo que figurase con su nombre en sociedades creadas de las que sería administrador, tanto en España como en el extranjero, en cuentas corrientes quedando Eduardo Zaplana de esta forma al margen, formalmente, y libre de responsabilidades mientras recibía, eso sí, importantes beneficios económicos”, relata la jueza.

Felisa López. Esposa de Joaquín Miguel Barceló que, según la investigación, estaba informada y conocía el funcionamiento de la trama.

Francisco Grau. Asesor fiscal de Eduardo Zaplana y presunto testaferro.

Fernando Belhot. Abogado uruguayo y presunto diseñador de la estrategia para el retorno de las mordidas a España una vez cobradas en cuentas extranjeras. Belhot decidió colaborar con la justicia.

Mitsouko Henríquez. Secretaria personal de Eduardo Zaplana. Trabajó con él en la Generalitat valenciana y, posteriormente, en Telefónica. “Era conocedora de las actividades delictivas del mismo (Eduardo Zaplana) y recibió cantidades en efectivo de procedencia delictiva, que luego le entregaba al mismo.

Elvira y Saturnino Suanzes. La primera fue diputada del PP. Junto con su hermano, participó en la “ocultación y transformación del dinero de procedencia delictiva que poseía la organización de Zaplana tanto en Luxemburgo como en Andorra”.

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