El Tribunal Supremo ha convertido a Álvaro García Ortiz en el primer fiscal general del Estado investigado formalmente por la justicia. La Sala Penal ha admitido la exposición razonada enviada por un juez de Madrid y ha abierto una causa por revelación de secretos al jefe del Ministerio Público tras la difusión de un comunicado a raíz de una querella presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La Sala Penal, que ha tomado esta decisión por unanimidad, ha acordado también asumir la investigación contra la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, que supuestamente envió al fiscal general datos para la elaboración de esa nota de prensa. Aunque no tiene la condición de aforada, los jueces consideran que ambos comportamientos (el de García Ortiz y el de Rodríguez Fernández) guardan una conexión inescindible, lo que impide investigarlos por separado.

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