El Gobierno de España sigue, de momento, su propia estela en materia migratoria. Mientras Bruselas apuesta por complicar el día a día de los extranjeros y coquetea con la idea de crear centros de deportación en terceros países —a imagen y semejanza del modelo de la ultraderechista italiana Giorgia Meloni—, en Madrid, el Ministerio de Migraciones ultima un nuevo reglamento de extranjería que facilitará trámites a los 6,5 millones de inmigrantes que ya viven en España. Y a otros muchos que planeen venir a trabajar. Está previsto que la norma, a cuyo último borrador ha tenido acceso EL PAÍS, llegue al Consejo de Ministros a mediados de noviembre, según fuentes ministeriales, y abrirá la puerta a la potencial regularización de decenas de miles de personas. “[Esto], el paso a paso, callado y sin alharacas, es más efectivo que un proceso de regularización extraordinario”, mantiene una fuente gubernamental al tanto de la reforma.

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