El empresario Víctor de Aldama, presunto cabecilla de la trama desmantelada en el caso Koldo, ha registrado ante el Tribunal Supremo un documento de 37 páginas con el que aporta supuestas pruebas sobre la presunta implicación del exministro de Transportes José Luis Ábalos en la red corrupta que tuvo su epicentro en ese departamento. El escrito, adelantado por El Español y al que tuvo acceso EL PAÍS, incluye un listado de obras de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes en la etapa de Ábalos, en el que aparecen destacados contratos que él asegura que estaban “pre-adjudicados” supuestamente por el entonces ministro y ex número tres del PSOE a determinadas empresas. Según Aldama, se tratarían de mercantiles “que habrían adquirido el compromiso de pago de comisiones si resultaban adjudicatarias”. El documento también detalla un supuesto contrato para ceder una vivienda de lujo al exministro, y reincide en sus acusaciones contra altos cargos del PSOE, como el ministro Ángel Víctor Torres y Carlos Moreno, jefe de gabinete de María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

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El juez pide a Interior información sobre la condecoración al empresario

En un auto fechado este miércoles, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, instructor del caso Koldo, accede, con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, a la petición de la acusación ejercida por la organización Hazte Oír de requerir al Ministerio del Interior de diversas documentación relacionada con la causa. En concreto, reclama el expediente por el cual se condecoró en 2022 con la Cruz con Distintivo Blanco al Mérito de la Guardia Civil a Aldama y el que desembocó en el nombramiento del comandante Ruben Villalba, agente de la lucha antiterrorista del instituto armado imputado en la causa por su presunta colaboración con la trama, como agregado en la Embajada de España en Venezuela. El juez considera que “los datos obrantes en ambos expedientes pueden resultar de interés para el esclarecimiento de los hechos objeto de las presentes actuaciones”, según se recoge en su resolución judicial.