El tiempo era un elemento nuclear de la ley de amnistía. El texto otorgaba a los tribunales un plazo de dos meses para aplicarla a los beneficiarios del procés —unos 500, según cálculos de la Fiscalía— y establecía que su cumplimiento debía ser “preferente y urgente”. En la práctica, la medida de gracia ha favorecido más y con más celeridad a activistas y policías involucrados en sucesos del proceso independentista en Cataluña, como el referéndum del 1-O, que a los políticos que promovieron ese desafío. El Tribunal Supremo ha rechazado aplicar la amnistía, entre otros, al expresident Carles Puigdemont y al exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras. Pero los magistrados no han resuelto aún el recurso presentado por sus defensas, lo que impide a los políticos alcanzar su verdadera meta: el Tribunal Constitucional, el órgano en el que depositan sus esperanzas de recibir, finalmente, la amnistía que pactaron con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Seguir leyendo