El debate sobre la persecución judicial desatada contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, viene siendo el pan nuestro de cada día de la vida política, jurídica y social del país desde hace ya varios meses y la locura parece haberse adueñado de todos, desde las máximas instancias de los poderes del Estado, a los partidos políticos, pasando por palacios y cabañas, hasta las calles de los pueblos, ciudades y aldeas de toda España.

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