El acuerdo entre Junts y PSOE para delegar en la Generalitat algunas de las competencias estatales en inmigración ha desencadenado un efecto dominó que llegará hasta Canarias. Tras el anuncio del martes, el Gobierno da por reactivada la negociación del cambio de la ley extranjería para imponer la distribución de menores migrantes por todas las comunidades autónomas. Hace tiempo que no se cuenta con el apoyo del PP, pero las perspectivas respecto a la posición de los neoconvergentes han cambiado. Fuentes gubernamentales advierten de que modificar la ley siempre fue el objetivo, pero la medida, tumbada el pasado verano en el Congreso por el no del PP, Vox y Junts, llevaba meses en un cajón por la falta de apoyos. “Junts quería las competencias para sentarse a hablar de menores y eso es lo que estamos negociando ahora”, apunta a EL PAÍS una fuente ministerial. “Parece que están por la labor”, anuncia otra.

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