“Fíjate ahora en lo que va a pasar”. Así anticipaba este jueves un diputado del PP en los pasillos del hemiciclo el giro de guion que llegó después y que pilló por sorpresa al Gobierno. Después de haberse mostrado a favor de la Agencia Estatal de Salud Pública durante su tramitación parlamentaria, populares y Junts tumbaron juntos —tras mantener contactos previos— el organismo del Ministerio de Sanidad en una rocambolesca votación del Congreso. El movimiento de ambas formaciones se orquestó como protesta a la eliminación anticipada de las enmiendas de otra ley distinta, incorporadas y aprobadas previamente en el Senado, pero que recibieron el veto de La Moncloa porque afectaban a los presupuestos. Ambas potestades —la aprobación de enmiendas en la Cámara alta y el veto por afectación de las cuentas públicas— están aparadas por la Constitución. La colisión de ambos derechos provocó una situación tan inédita en democracia que hasta el letrado mayor de la Cámara baja, Fernando Galindo, no tenía claro si era posible o no imponer por parte de Hacienda el veto, según fuentes socialistas de la Mesa presentes en la deliberación.

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